Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka ► https://bit.ly/2k0Lf4b
En una negociación es por supuesto importante apelar a la buena voluntad, al sentido de la responsabilidad y a la búsqueda del bien colectivo. Pero si una de las partes siente que está en una posición de fuerza y el oponente de debilidad, es muy probable que busque imponerse.
¿Cómo llegar a una solución consensuada en la que se privilegie el beneficio común? Ayuda que ambas partes perciban que continuar en una lógica de enfrentamiento implica riesgos o costos excesivos.
Respecto a las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento, ¿cómo estamos? El Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la propuesta de adelanto de elecciones mediante una reforma constitucional, que acorta el mandato iniciado en el 2016, y que debe ser sometida a referéndum. ¿Por qué el Congreso tendría que aprobarla y aceptar una derrota? El presidente llega a la negociación un poco debilitado después de los sucesos de Tía María y el inicio de las investigaciones fiscales sobre el tema Chinchero.
Si el Congreso no acepta la propuesta, ¿cómo puede responder el Ejecutivo? El presidente Martín Vizcarra ya deslizó que podría recurrir a una nueva moción de confianza para forzar su aprobación. Anticipándose a esta posibilidad, el titular del Congreso inició consultas que buscan poner en cuestión la constitucionalidad de un pedido de confianza para una reforma constitucional.
Es un tema polémico, que probablemente termine con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (se necesitan cinco votos de siete para declarar inconstitucional un proyecto de ley). Así, este escenario es riesgoso, con costos potenciales muy altos: un gobierno debilitado y acosado hasta el final.
Además, en el último año de gobierno no es posible disolver el Congreso, con lo que el arma de la cuestión de confianza deja de funcionar. Por ello, el presidente no parece tener más alternativa que usar ese recurso mientras pueda.
Pero aun si gana, y logra disolver el Congreso, tendríamos nuevas elecciones para elegir un Parlamento que solo llegaría a julio del 2021, fecha en la cual tendríamos elecciones generales. Sin reelección parlamentaria, ¿quiénes se presentarían a esos comicios? El escenario sería altamente incierto y caótico.
¿Y si se presentara una cuestión de confianza sobre algún asunto que no implique una reforma constitucional? Puede ser. El problema es que el presidente aparecería como buscando cualquier pretexto antojadizo para disolver el Congreso, lo que perjudicaría su imagen y deslegitimaría sus intenciones.
Además, un Congreso consciente de que lo que se busca es disolverlo, muy difícilmente negaría una confianza. Un presidente deslegitimado a este extremo haría creíble un escenario de vacancia por incapacidad moral, que hasta ahora no existe.
Desde el Congreso, rechazar el adelanto de elecciones implica también jugar su destino en el Tribunal Constitucional, asumiendo que el presidente presentará una cuestión de confianza sobre su propuesta. Parecería que seguirá ese camino: el de no dejarse doblegar sin pelear. El cálculo sería que mejor es caer peleando que simplemente rendirse, con la posibilidad eventual de imponerse.
Pero el costo de este itinerario sería muy alto para el país y para el Congreso mismo, que consolidaría su imagen de obstruccionista. Habría una salida razonable para el entrampamiento: adelantar las elecciones, pero evitando el referéndum. Sería una salida consensuada, permitiría un proceso electoral más ordenado y una agenda de transición construida colectivamente.