El 8 de abril del presente año se reportó el asesinato de Santiago Contocorión, líder asháninka, quien desde joven participó en la lucha por los derechos de su pueblo y por varios años encabezó la resistencia a la expansión del narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Ante el imperante silencio de los ministros tras el crimen cometido, diferentes organizaciones no tardaron en pronunciarse, y, durante los siguientes días al asesinato, dirigentes asháninkas tomaron la decisión de bloquear las vías de Puerto Ocopa (Satipo, Junín) como forma de protesta.
Como se ha discutido en diversos medios, desgraciadamente, este caso no es insólito en la región. Según datos registrados por Global Witness, el 68% de los asesinatos de defensores ambientales de los diez últimos años se han suscitado en América Latina, el 39% perpetrado contra líderes indígenas.[1] Países como México, Brasil y Colombia tienen las más altas cifras de violencia en contra de los defensores. Lamentablemente, Perú también se encuentra entre los países con mayor número de casos en el mundo. Tan solo entre 2012 y 2021, se ha informado sobre 51 asesinatos de defensores ambientales en el país, mayoritariamente en la región amazónica.[2]
Decenas de dirigentes en el país han alertado sobre graves intimidaciones hacia su persona. Recientemente, la Central Asháninka del Río Tambo advirtió a las autoridades acerca de las amenazas que viene recibiendo el líder Fabián Antúnez. Alarmantemente, continuamos cayendo en la cuenta de que estas denuncias muchas veces no son atendidas. Cabe recordar el desafortunado caso de Roberto Pacheco, quien llegó a interponer hasta siete denuncias por amenaza; sin embargo, no se le concedieron garantías para su vida. Finalmente, su asesinato fue reportado en octubre de 2020. Esta reprochable inacción del Estado y de los sucesivos gobiernos inevitablemente nos hacen preguntar por los motivos detrás de este aparente silencio de parte de las autoridades.
En efecto, no es concebible que los crímenes permanezcan impunes y que se sigan perpetrando. Estos hechos nos llevan a repensar ciertas nociones comunes sobre la existencia de un Estado “ausente” que solamente “olvida” a cierta parte de ciudadanos, y nos da pie para indagar en las dinámicas de poder detrás de las inconsistencias legales e intereses particulares que contribuyen a la desprotección de los líderes ambientales.
¿Cuántos casos están siendo investigados? ¿Cuántos han señalado culpables? ¿Qué medidas se están tomando para la protección de los líderes ambientales y la prevención de más crímenes? Cabe resaltar que todavía prevalece un alto grado de subregistro de crímenes contra defensores ambientales,[3] ya que no han sido denunciados, sea por el miedo a las represalias, falta de confianza en las autoridades o falta de recursos legales, entre otros factores. “Nunca obtuvimos respuesta por el asesinato de mi padre, y desistimos. En este país, si no hay plata, no hay justicia”.[4] Con esas palabras se expresó en 2022 la hija de Emilio Marichi Huansi, líder shawi, quien fue asesinado hace nueve años, es decir, en 2014.
Si bien estos casos comúnmente se relacionan con actividades ilegales —incluyendo la minería y tala ilegal, el narcotráfico, entre otras—, investigaciones recientes dan cuenta de los posibles lazos con las industrias extractivas que funcionan dentro de la legalidad, e incluso con autoridades locales y de instancias estatales centrales.[5] Por otro lado, la falta de asignación de recursos para sancionar y prevenir más crímenes, así como los impedimentos para la titulación de tierras, son algunos factores que contribuyen a la desprotección de los defensores, de los pueblos indígenas y de sus territorios.
Junto con ello, no podemos obviar una disputa que surge alrededor de la concepción del medio ambiente. Por un lado, encontramos los dictados de que el territorio consta de recursos que deben ser aprovechados y, por el otro, se concibe a la naturaleza como ser y sujeto de derechos. Esta discusión, para varias autoridades en el país, representa una “oposición al desarrollo” que limita la expansión de las industrias extractivas en territorio peruano. Sin embargo, la primacía de las nociones en pro del “desarrollo” a costa de la protección de los ecosistemas termina borrando un tema central de la discusión: los líderes ambientales son sujetos de derechos, así como las poblaciones que habitan los territorios y se ven afectados directamente por su degradación. Cabe recordar que la defensa del medio ambiente es, a su vez, una lucha por el derecho a la autodeterminación, medios y modos de vida de las poblaciones que lo habitan.
De acuerdo con Mejía-Cáceres, los asesinatos a los defensores de derechos dan cuenta de una necropolítica que define la vulnerabilidad y la desprotección de facto y de jure de los líderes ambientales, particularmente líderes indígenas.[6] La desprotección, más que un actuar neutral e indiferente, constituye una licencia para continuar atentando contra los dirigentes y las luchas de sus pueblos, quienes se ven expuestos a constantes muestras de violencia en un ejercicio de poder. De tal forma, notamos una minimización de los reclamos de los pueblos indígenas, lo que se traduce en escasas normativas que garanticen sus derechos y un bloqueo en el acceso a la justicia. Sumado a ello, ver que representantes del poder estatal se alían con la expansión indiscriminada de industrias legales e ilegales nos demuestra que la vida de miles de personas y el medio ambiente entran en un juego político.
Actualmente, en el Perú, la normativa dirigida a la protección de los líderes ambientales es insuficiente.[7] Las oportunidades para promover mayor legislación al respecto siguen siendo obstaculizadas, por ejemplo, con el rechazo a ratificar el Acuerdo de Escazú, una de las pocas propuestas que existen hoy para prevenir e investigar los crímenes contra defensores ambientales. Uno de los principales argumentos de la oposición es que ocasionará una supuesta “limitación a la soberanía nacional” con respecto a cómo intervenir en el territorio. Sin embargo, cabe preguntarse por quiénes realmente tienen el poder de decidir sobre el territorio, cabe cuestionar la falta de prevención contra los crímenes y por qué las demandas de los pueblos indígenas no son respondidas.
[1] Global Witness. (2022). Una década de resistencia. Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo. Disponible en: <https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/>.
[2] Ibíd.
[3] Véase <https://ojo-publico.com/4388/el-narcotrafico-detras-del-asesinato-del-lider-indigena-la-amazonia>.
[4] Véase <https://ojo-publico.com/3516/defensores-ambientales-el-duelo-eterno-de-sus-deudos>.
[5] Roger Merino y Carlos Quispe (2021). “¿Héroes, víctimas o villanos? Defensores ambientales, minería y securitización de la Amazonía peruana”. Latin American Law Review, vol. 1, n.º 7: 101-121.
[6] María Angélica Mejía-Cáceres (2021). “Naturaleza y líderes ambientales en un juego de vida o muerte: necropolítica socioambiental”. En PIPEC, Necropolítica en América Latina: algunos debates alrededor de las políticas de control y muerte en la región. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/52021/Necropolítica%20_PIPEC_Uniandes.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
[7] Véase <https://www.actualidadambiental.pe/cuanto-se-ha-avanzado-en-la-proteccion-de-los-defensores-ambientales-en-el-peru/>.