Lee la columna escrita por nuestro investigador principal, Martín Tanaka, para el Diario el Comercio ► https://bit.ly/46VUyES
Esta semana se anuncian movilizaciones y protestas en Lima y en todo el país. ¿Qué pasará con ellas? Es imposible saberlo con certeza, dada la inestabilidad y volatilidad de la situación política. Pero hay algunas cosas que sabemos y que ayudan a tener una mejor lectura de la situación.
Para empezar, existen muchas razones para que mucha gente simpatice con las protestas y esté dispuesta a sumarse a ellas. El 80% de los ciudadanos desaprueba la conducción del gobierno de Dina Boluarte y el 91%, el desempeño del Congreso. A esto hay que sumar que, después de las protestas de diciembre del año pasado y enero de este año, el Gobierno ha mostrado bastante displicencia en cuanto a investigar y sancionar a los responsables por las 49 muertes ocurridas en el contexto de las movilizaciones, algunas de las que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y calificarse como masacres.
Tampoco ha habido intentos relevantes de construir legitimidad o de negociar una agenda común con las autoridades del sur andino. En esas regiones, existe no solo la sensación de un daño sin reparación, sino de una actitud soberbia y despectiva del Gobierno.
Ahora bien, querer protestar no basta, más todavía si se plantea una movilización nacional que implica un desplazamiento hacia Lima como punto focal. Se requiere una estructura que asuma el costo de coordinación y una logística mínima necesaria. No es tan imposible de hacer, porque existen múltiples redes que conectan a las regiones con la capital, pero tampoco es tan sencillo, porque estas redes no se articulan entre sí.
Se necesita una estructura nacional capaz de hacerlo, y no existe ninguna con la fuerza necesaria; la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) es un viejo referente, pero existen también las nuevas redes magisteriales representadas en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), con presencia en algunas regiones. Ellas cumplen el propósito de permitir una mínima coordinación que permita encauzar el malestar de múltiples núcleos relativamente dispersos en todo el país, a los que se suman los ciudadanos comunes espontáneos.
Pero cometeríamos un error si pensáramos que las “plataformas” que levantan las organizaciones convocantes representan al ciudadano de a pie, que en realidad está allí porque finalmente quiere “que se vayan todos”, en tanto no se siente mínimamente representado por un poder político no solo distante, indiferente, sino hasta hostil.
También es un error asumir que, porque existen múltiples grupos radicales, bastante marginales, que intentarán sacar provecho y capitalizar en algo el malestar ciudadano, son esos grupos los que imprimen el carácter de la movilización, como hacen sectores de derecha. En vez de hacer de publicistas de grupos marginales, deberían preocuparse por ofrecerle algo al ciudadano descontento, más allá de llamarlo a “seguir trabajando”.
Por estas razones, el discurso oficial descalificador frente a las protestas no hace sino azuzar más el sentimiento opositor. El discurso “antiprotestas” no hace sino radicalizar más a un sector conservador, y más bien parece incentivar a movilizarse a quienes desaprueban al Gobierno, pero tienen la duda de hacerlo.
Ahora bien, ¿será la movilización capaz de lograr el adelanto de las elecciones generales? Hacer viable esa decisión implicaría la renuncia de la presidenta o la declaratoria de su vacancia por el Congreso y su autodisolución, lo que no parece probable a la vista de la ostentosa falta de consideración por la opinión pública que muestran nuestra presidenta y nuestros congresistas. Además, a diferencia de la coyuntura de noviembre del 2020, la élite política y social parece haber cerrado filas no en torno de Boluarte, sino de evitar un nuevo triunfo de una movilización popular, que es en realidad su preocupación de fondo.
A la luz de los sucesos de esta semana, ¿cómo encarará la presidenta Boluarte su presentación ante el Congreso del 28 de julio? ¿Asimilará, al menos parcialmente, el mensaje que llega desde las calles? Sin cambios importantes, el 2026 parece demasiado lejano para ella.