Lee la columna escrita por nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, para Juego de Caigua► https://bit.ly/43xX15u
De cómo el Ministerio de Defensa se convirtió en guardián de la reactivación económica
A situaciones inéditas, acciones inéditas, pensarán algunos. Lo cierto es que, si no fuera por el periodismo de investigación que todavía existe, no me habría enterado de esta noticia.
El 6 de julio salió publicado en el diario oficial el decreto supremo mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido 12 millones de soles al Ministerio de Defensa. El DS aclara que esta acción responde a una solicitud debidamente sustentada por el Ministerio de Defensa y a las autorizaciones contenidas en la Ley 31728, publicada el 22 de abril de este mismo año.
La finalidad de dicha ley fue permitir gastos mayores por parte de diversas entidades del Estado en el marco de la reactivación económica.
¿Qué?, se sorprenderán algunos. ¿Ahora resulta que el Ministerio de Defensa contribuye a la reactivación económica? Siempre, diremos muchos, ya que su tarea es darnos seguridad frente a la amenaza de guerra, evento disruptivo per se sobre la vida y la estabilidad de la vida en sociedad. Así, en una mirada de análisis económico, sí es posible pensar que, ante la posibilidad de un ataque exterior, sea razonable justificar recursos adicionales para quien tiene que resguardarnos. Pero, hasta donde llega mi conocimiento, siempre limitado, por cierto, no existe en la actualidad dicha amenaza. Entonces, ¿cuál es la justificación?
Según el DS, el Ministerio de Defensa ha justificado el pedido sobre la base de su necesidad de financiar las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas que impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas. Es esta acción, la de mitigar riesgos de pérdidas económicas por acciones de inteligencia y contrainteligencia, la pieza de información adicional del DS.
A pesar de esta información adicional, las motivaciones de esta acción no dejan de ser una sorpresa.
Es consenso en la literatura económica sobre las funciones del Estado que una de sus funciones más importantes es la de brindar seguridad. Históricamente, el Estado explica su existencia en la necesidad de brindar seguridad a las personas a cambio de pagos obligatorios que hoy se llaman impuestos. Con el paso del tiempo, estas funciones se dividieron de tal modo que las Fuerzas Armadas —cuyo responsable político en el Perú es el Ministerio de Defensa— quedan a cargo de la soberanía del territorio de la Nación, mientras que las fuerzas de seguridad interna, como la Policía Nacional —que responden al Ministerio del Interior— son las que se ocupan de lo que llamamos seguridad ciudadana u orden interno; es decir, de que no hayan problemas en la convivencia en áreas urbanas y esperamos también en áreas rurales (pero será motivo de otro jugo comentar cómo es que se administra la seguridad interna en áreas rurales).
Volvamos entonces a la inquietud de cómo es así que, para mitigar los riesgos de pérdidas económicas, resulta que el Ministerio de Defensa esté recibiendo recursos para acciones de inteligencia y contrainteligencia. Sin amenaza de agresión del exterior, el destino de nuestros impuestos para estas acciones es injustificable para el Ministerio de Defensa. Claro, me dirán algunos, ya se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para restaurar el orden interno. ¿Será por eso?
En la jerga de la seguridad, “inteligencia y contrainteligencia” es obtención de información. Es interesante que no incluya “procesamiento de la información”. ¿Para qué se va a utilizar realmente ese dinero, que es producto de nuestros impuestos?
Me sorprende, además, que no se haya recurrido a un decreto de urgencia (DU), que tiene rango de ley, para asignar estos recursos a estos fines, y se haya preferido respaldarse en una ley del Congreso dada en el marco de acciones para la reactivación económica. Toco aquí temas menos económicos y más políticos: ¿será que este DS ya fue coordinado con la comisión de presupuesto del Congreso? ¿Será que la rendición de cuentas sobre acciones dispuestas en un DS toma más tiempo? ¿Será que el monto es tan reducido, comparado con el tamaño del presupuesto público, que no se justifica tanta sorpresa de la ciudadanía?
Merecemos respuestas del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Economía y Finanzas. La rendición de cuentas es parte de una democracia vigorosa. Sobre todo, porque declarar que mitigar pérdidas económicas requiere acciones de inteligencia y contrainteligencia, ronda la osadía, por decirlo elegantemente.