Lee la columna escrita por Roxana Barrantes, investigadora principal del IEP, en el diario El Comercio ► https://bit.ly/4bTiRVQ
“Bajo ejercicio de la ciudadanía digital” es el problema público definido por la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD) al 2030.
Según el Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, la ciudadanía digital “Es la capacidad de las personas para desarrollarse a nivel integral en el entorno digital, lo que involucra desarrollar competencias digitales, realizar trámites con entidades públicas y organizaciones del sector privado, realizar operaciones financieras, vender o comprar productos o servicios a través del comercio electrónico, realizar actividades de entretenimiento, comunicarse mediante diversas plataformas o aplicaciones, buscar y obtener información en Internet”.
Esta política nacional fue finalmente oficializada el 28 de julio de 2023, luego de un extenso proceso de formulación, que incluyó consultas públicas para plasmar una política de carácter multisectorial. Su implementación está bajo la rectoría de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
A partir de este problema público, se revisaron las capacidades, oportunidades o libertades que un ciudadano peruano puede desarrollar en el entorno digital. Dichas capacidades han sido determinadas sobre la base de los indicadores definidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nuestro país cuenta con una política nacional de transformación digital que se monitorea con indicadores que son recogidos por una de las encuestas más comprehensivas que aplica nuestra autoridad de estadísticas.
Por supuesto que la transformación digital es un proceso y este fue acelerado por la pandemia. Lo que a estas alturas resulta inverosímil, por no utilizar una palabra un poco más fuerte, es que carezca de sentido de urgencia. Porque de otro modo, resulta incomprensible lo que sigue ocurriendo en la Administración Pública.
La noticia ya salió del ciclo de titulares de la prensa tradicional, por cierto, pero hace solo dos semanas, un aparatoso accidente de tránsito nos informó de la muerte del anterior contralor junto con 16 personas más. Entre ellas, se encontraba un médico recientemente graduado que estaba viajando a Ayacucho para recoger en físico el certificado de haber completado el Servicio Urbano Marginal, más conocido como SERUM, imprescindible para ejercer la profesión y acceder a residentados y ascensos. Resulta que la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Ayacucho se había negado, según información del padre del médico, a enviárselo por vía digital.
Le pregunto a la DIRESA de Ayacucho si le sobran médicos, así como a la gerencia general de la región cuál es su nivel de coordinación con la STGD. Le consulto al GORE Ayacucho la medida en la que su proceso de alistarse para ser sede de juegos internacionales está acompañada de procesos para acelerar el ejercicio de la ciudadanía digital.
Podemos repetir estas preguntas con todos los gobiernos subnacionales y hasta con las entidades del gobierno nacional con sede en Lima. No quiero pensar que la respuesta será “mayormente desconozco”.