Lee la columna escrita por nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, para El Comercio►https://bit.ly/42E2B6R
Mayo es un mes importante y no solo porque celebramos el Día de la Madre. El viceministerio de Hacienda tiene la cifra de ingresos públicos adicionales por regularización de Impuesto a la Renta y se inicia el proceso de asignar el dinero a las diferentes unidades ejecutoras. La importancia de estas acciones, por supuesto, trasciende a los funcionarios del MEF porque, con la asignación de nuevos dineros aumentan las expectativas de todos aquellos que han enfrentado algún recorte o reformulación de sus propuestas de presupuesto en el año anterior -que es cuando se formulan-.
Si bien el monto recibido por regularización del Impuesto a la Renta no ha sido el esperado, el dinero está ahí. Entre todos los posibles usos, por supuesto que esperamos que aumente de manera significativa lo asignado a las personas con discapacidad.
Son varios los programas presupuestales que en diversos sectores prestan servicios necesarios para las personas con discapacidad. Hoy solo quiero destacar la importancia de dos programas: en Educación, el de inclusión de personas con discapacidad en la educación básica y técnico productiva; y en Salud, el de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.
Para empezar, debemos saber que el gasto total que el Estado asigna a Educación y Salud ha venido creciendo en la última década. Para 2023, representan 17,87% y 12,48% del presupuesto total de la Nación, respectivamente, lo que contrasta con el 3,57% asignado a Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Dicho esto, destaca la prácticamente nula importancia relativa de los dos programas mencionados en el monto asignado a cada sector.
Veamos el presupuesto del programa de inclusión en educación. El nivel real del gasto asignado al programa casi se ha mantenido constante en los últimos cinco años, lo que se traduce en una reducción de su importancia relativa en el total del gasto en el sector educación: de 0,64% en 2018 a 0,54% en 2023. Solo mantener su participación en el sector educación significaría agregarle S/42′421.913,65, o el equivalente a una centésima de los ingresos públicos por regularización del Impuesto a la Renta.
Sigamos con el programa de salud. En este caso, la importancia relativa en el sector salud es ínfima y lo que destaca es su gran reducción durante los años de pandemia. Recién este 2023 se ha recuperado la proporción dedicada en 2018: 0,32% del presupuesto total del sector salud. De manera similar al programa de educación, el nivel de gasto es prácticamente constante. No ha habido incrementos en términos reales.
Tenemos como país necesidades enormes y urgentes. Nuestra cohesión social pasa por cuidar de los vulnerables. Podemos empezar ampliando estos presupuestos para mejorar los servicios públicos a quienes más los necesitan.