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[COLUMNA] «La caja negra», por Roxana Barrantes

Lee la columna de nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes , escrita para el diario El Comercio ► https://bit.ly/3DFUTNO

En el análisis macroeconómico, se utiliza la letra ‘G’ para denominar al gasto público, que es uno de los instrumentos de la política fiscal. Esa ‘G’ representa grosso modo al presupuesto público, que es propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo cada año. Sobre la base de esa ‘G’ es que se calcula la importancia del sector público en la economía, por ejemplo. Así, sabemos que llega a más del 40% del PBI en los países europeos, pero que en nuestro país apenas alcanza el 20%.

Siempre me he preguntado qué representa exactamente esa ‘G’, es decir, abrir la caja negra. Tenemos diversas maneras de desagregarlo y una de las más conocidas es según gasto corriente –como los sueldos de los maestros– o gasto de capital –como la inversión para construir un puente–. En este último caso, hablaremos de la inversión pública, que resulta crítica para dinamizar la economía como un todo.

En el Perú, la inversión pública sigue un comportamiento estacional: baja a inicios del año y crece hasta alcanzar picos en noviembre y diciembre. Y, por la propia dinámica del crecimiento del gasto público, cada año observa un pico mayor hacia final del año.

Esto no se ha verificado en el 2021. Claro, dirán algunos, cambio de gobierno, pero la evidencia histórica contradice esta explicación. Ensayemos un nuevo escenario sobre la base de evidencia anecdótica de un informante que trabaja en el sector salud: estancamiento en la gestión de adquisiciones.

Mi informante me indicó: “Essalud debe a sus proveedores alrededor de S/50 millones, que fueron devengados en el 2021 por error. Estos proveedores están al borde de irse a la quiebra o fuertemente endeudados para subsistir”.

Asimismo, afirmó: “El Minsa es un aparato complicado que ha hecho compras importantes por emergencia para luego regularizar contratos, pero mientras que una oficina hace las compras, la otra oficina no acepta los bienes y nuevamente el proveedor queda entrampado, sin producto y sin pago. Los gobiernos regionales tampoco se quedan atrás en el entrampamiento: reciben productos, los almacenan, no los entregan a los usuarios y tampoco los pagan”.

Mi informante calculó que su tiempo promedio para cobrar es de aproximadamente 250 días. Le exigen entregar en 30 días, sino lo penalizan; pero el pago recién se concreta 6, 10 o 12 meses después. Mientras tanto, el dinero está estancado y los proveedores no reciben los desembolsos por servicios prestados o bienes aceptados, debilitando así la cadena de pagos.

La política fiscal podrá cumplir su rol de estimular la actividad económica siempre que se corrija la deficiente gestión que hoy aqueja a la administración pública.