Lee la columna escrita por Roxana Barrantes, investigadora principal del IEP, para Jugo ► https://bit.ly/3QwN6bW
Una reflexión sobre el nuevo plan de medidas para reactivar la economía
La semana pasada, el ministro de Economía y Finanzas presentó un plan de reactivación económica. Ahora el plan ya no se llama Con Punche Perú —en ninguna de sus versiones—, sino Plan Unidos, y contiene medidas para todos los gustos y tamaños.
Para hacer un plan de reactivación económica se tiene que comenzar con un diagnóstico mínimo de posibles causas de por qué sería necesario. Los datos sobre crecimiento económico y confianza empresarial ya son conocidos por su ralentización y pesimismo. Lo siguiente es examinar por qué no podemos acelerar la actividad económica y ese tendría que ser el primer componente del Plan Unidos.
La diapositiva número 2 de la presentación del ministro —hacer clic aquí— expone la cuantificación de las pérdidas de Producto Bruto Interno experimentadas por el Perú sin especificar un plazo: ¿Son del 2023? ¿Son del periodo 2022-2023? Asumo que el diagnóstico y la cuantificación corresponden al último año, dada la cercanía del 7 de diciembre, cuando comenzó la gestión de la presidenta Boluarte ante el golpe de Estado del presidente Castillo.
Esa segunda diapositiva contiene cuatro recuadros, cada uno con su texto. Encontramos a la conflictividad social en posición preeminente y a ella se le atribuye una pérdida de 4.000 millones de soles. Luego, leemos que el ciclón Yaku y el El Niño Costero nos hicieron perder 4.200 millones de soles. En tercer lugar, se señala que la imposibilidad de abrir la primera temporada de pesca de anchoveta costó 3.000 millones de soles. Finalmente, al déficit hídrico se le atribuye solamente 700 millones de soles en pérdidas. Así, sumando, sumando, se llega a la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas de pérdidas de 11.900 millones de soles que, en sus cálculos, equivalen al 1,2 por ciento del PBI. Sí, el año 2023 la “torta” se achicó y esa es una mala noticia para todos.
No quiero marearlo, lector, lectora, con tanta cifra. Lo que sí quiero destacar es que, de acuerdo con el MEF, prácticamente dos tercios de las pérdidas económicas son atribuidos a factores que dependen poco de una gestión pública eficiente o de un equilibrio de poderes que garantice seguridad jurídica. La gran responsabilidad de las pérdidas correspondería, por lo tanto, a fenómenos sobre los cuales las autoridades tendrían poco o nulo control, como son los efectos del ciclón Yaku y El Niño, así como la imposibilidad de abrir la primera temporada de pesca en el año 2023. Ídem para el déficit hídrico, que afecta a la agricultura y ganadería que depende de las lluvias.
Asumamos por un segundo que el MEF tiene razón y que solo un tercio de las pérdidas económicas corresponden a la conflictividad social. La pregunta que cae de madura es qué explica esa conflictividad. A fuerza de repetirme una y otra vez, sigo sosteniendo que esa conflictividad refleja la escasa confianza en la democracia que muestra el Perú. Los datos de Latinobarómetro para 2021 muestran al Perú antepenúltimo —solo seguido de Honduras y Haití— con menos del 50 % de peruanos que apoyan a la democracia. El promedio latinoamericano para aquel año fue de 62,2 %. Las cifras empeoran cuando se consulta por la satisfacción por el funcionamiento de la democracia: Perú es penúltimo con 20,7 %, solo seguido por Haití.
Avanzo un poco más en el argumento: votamos para dar el poder de representarnos a un conjunto de compatriotas. Podríamos asociar esa desconfianza en la democracia con una desconfianza sobre las acciones de esos representantes una vez que les dimos el poder. En esa medida, seguí buscando en el Plan Unidos qué medidas se proponen para recuperar esa confianza en la representación y encontré muy pocas. Con el liderazgo actual, parecemos condenados a seguir perdiendo solo por “conflictividad social”, y no por el descuido al elegir mejores decisores en lo público.