Lee la columna escrita por Antonio Zapata, investigador principal del IEP, para el diario La República ►https://bit.ly/43M913r
El paro nacional fue bastante exitoso en términos de movilización de masas y, en paralelo, definió la fase final del Gobierno de Morales Bermúdez. Era la primera vez en la historia del país que los sindicatos lograban realizar una huelga nacional. Como decía un lema de la época, “en costa sierra y selva el paro fue total”. Sus consecuencias fueron positivas para la democracia, porque la dictadura militar tuvo que retirarse convocando primero a una asamblea constituyente y luego a elecciones generales.
Por su lado, Morales quería una constituyente, pero buscaba que fuera integrada por representantes de corporaciones y de las FF.AA. En ese sentido, el Gobierno perdió porque la AC implicó elecciones libres donde los candidatos gobiernistas obtuvieron un resultado mínimo. En conversaciones reservadas con el Gobierno, el APRA había aceptado la convocatoria a una AC y luego logró que Morales acepte las elecciones para representantes. El paro lo hizo ceder.
Mientras tanto, el PPC y AP habían exigido elecciones inmediatas y el retiro de los militares sin realizar ninguna modificación constitucional. Pero, cuando se convocó efectivamente para constituyente, el PPC aceptó el compromiso, mientras que AP lo rechazó. Belaunde había entendido que una oposición democrática de principios valdría mucho a la hora de luchar por la presidencia. La dictadura de Morales era tan impopular, que AP tuvo razón y lo probó ganando las siguientes elecciones.
Durante todo el año 1977, esta salida política había sido conversada por el Gobierno militar con diversos actores políticos. Pero se concretó recién después del paro nacional. En ese momento, los protagonistas de la lucha estuvieron excluidos de la negociación. Quienes conversaban con los militares aprovecharon el aislamiento del Gobierno para concretar los acuerdos que les convenían. Pero el poder no conversó con los huelguistas.
La izquierda de la época había apoyado el paro a través del Comando Unitario de Lucha, CUL, liderado por la CGTP. Pero su plataforma de lucha era completamente reivindicativa y no incluía ninguna consigna de poder. La política estaba ausente y solo se hallaban demandas económicas, reposición de despedidos y defensa de las organizaciones gremiales. Esa plataforma no facilitó acumular fuerzas democráticas. Los grupos de derecha tuvieron manos libres porque los huelguistas jugaron en la cancha chica.
Cómo se llegó a esta situación. Es una forma de realizar el Frente Único a través del mínimo común múltiplo. Solo se aprueba aquello que obtiene acuerdo unánime, mientras que se elimina todo punto que no sea consensual. Y como abundan propuestas políticas encontradas, pues solo se aprueba la demanda. De ese modo, la plataforma del 19 de julio eran quejas muy justificadas, pero sin propuestas en positivo. En realidad, este documento no veía posible la democracia y perdió la oportunidad de exigirla en forma explícita. Algo parecido parece haber ocurrido en nuestros días con la plataforma aprobada para la llamada Tercera toma de Lima.
Otro asunto es la represión. En 1977 fue crucial. El Gobierno militar autorizó a las empresas a despedir a los instigadores del paro. Como consecuencia, cinco mil dirigentes fueron echados a la calle y se dispersó la generación obrera clasista que se había forjado en las décadas anteriores.
Mientras que hoy ya no despiden –no hay dirigencias visibles– ahora simplemente matan. En realidad, el grado de represión no depende de los huelguistas, sino del Estado. Pero ante ella no se puede ser ciego ni provocador. Habrá y será necesario aguantar.
La lección principal es simple. Un ciclo de movilizaciones callejeras significa tensar fuerzas. Nunca vence la fuerza bruta, sino la relativa. ¿De qué depende? De la política. La única manera es defendiendo la democracia y sus instituciones, convocando a los jóvenes y marchando en las calles.