Lee la columna de nuestro investigador principal, Martín Tanaka, escrita para el Diario El Comercio► https://bit.ly/3BkWhFb
El domingo pasado se realizó en Chile la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional que redactará a partir de junio una nueva propuesta de Constitución, que será sometida nuevamente a referéndum en diciembre.
Los resultados muestran una clara victoria de los sectores que consideran que Chile no necesita una nueva Constitución o, al menos, no cambios sustantivos a la actual, y una recomposición en el liderazgo de la derecha hacia posturas más radicales. Este consejo trabajará sobre la base de una propuesta que presentará el comité de expertos instalado en el mes de marzo, designados por el Congreso. No olvidar que este es el segundo intento de reforma constitucional después del fallido proceso que empezó con el estallido social de octubre del 2019, pasó por el plebiscito de octubre del 2020 que aprobó iniciar un proceso constituyente y continuó con la elección de la Convención Constitucional en mayo del 2021, que produjo una propuesta sometida a referéndum en setiembre del año pasado y que fue rechazada por una amplia mayoría. Los resultados llaman la atención considerando la elección del presidente Gabriel Boric en diciembre del 2021, un líder claramente identificado con las protestas del 2019 y con el proceso constituyente.
El Perú y Chile son países cuya comparación resulta muy interesante. En cierto modo somos muy diferentes: Chile tiene un PBI per cápita de unos US$25.450, mientras que el Perú está casi a la mitad, con US$12.515. Según diferentes índices de calidad institucional, Chile aparece consistentemente entre los países con instituciones más sólidas, mientras que nuestro país aparece a media tabla, en el mejor de los casos. Hasta no hace mucho, las diferencias parecían muy grandes también en cuanto al sistema de representación: Chile era expresión de estabilidad y continuidad en su sistema de partidos, mientras que el Perú era expresión del colapso sin reconstitución del sistema partidario.
Sin embargo, en los últimos años pareciera que nos asemejamos cada vez más. Según el informe del 2021 del Latin American Public Opinion Project, el Perú y Chile aparecen dentro del grupo de países con los niveles de insatisfacción más altos respecto al funcionamiento de la democracia, con los niveles más bajos en cuanto a sentir que nuestros derechos básicos están protegidos por el Estado. Según el Latinobarómetro del 2020, Chile y el Perú son los dos países en los que se confía menos en los partidos políticos y, además, son parte del grupo de países en los que se percibe en mayor proporción que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos”, una mala distribución de la riqueza e injusticia en el acceso a la educación, la salud y la justicia, entre otros. Y compartíamos también la opción de un modelo de mercado.
Acabado el ciclo de crecimiento alto en toda la región entre el 2003 y el 2013, se inició un ciclo de creciente inestabilidad en la región, de insatisfacción con el funcionamiento de nuestras democracias, y se produjeron rápidas caídas en la legitimidad de los gobiernos y, posteriormente, triunfos de la oposición igualmente efímeros. El empeoramiento de las condiciones de vida en el contexto de la pandemia, los niveles mayores de inseguridad ciudadana, los problemas recientes de inflación y otros han agravado este cuadro. Al mismo tiempo, en muchos de nuestros países posturas de derecha más conservadoras –radicales cuando no extremistas– han desplazado a derechas más liberales y moderadas. Esto parte de una lógica transnacional, y también en el mundo de la izquierda una nueva generación más contestataria emerge cuestionando la actuación de una izquierda más institucionalista. Todo esto coincide, además, con el agotamiento de personajes y de formas de hacer política que parecieron funcionar en el pasado.
La ilusión por una nueva Constitución que refundaría el país y recompondría las cosas ha cedido a la realidad de la urgencia de resolver problemas inmediatos y pedestres, como la inseguridad o la inflación. Si las izquierdas no son capaces de hacerse cargo de esas demandas, lo hará la derecha y, probablemente, en su versión más extrema.