Lee la columna escrita por nuestra investigadora principal, Roxana Barrantes, para Juego de Caigüa ► https://bit.ly/3P8RFsh
Tras 20 años del informe final de la CVR, una pregunta que duele
Un compromiso personal me llevó el pasado fin de semana a Ayacucho. No sé si mis amigos eligieron la fecha de su boda al azar, o si tuvieron presente el significado de la pasada semana: los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación —el 28 de agosto— y los 40 años de la fundación de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) —el 2 de setiembre—.
Hoy la ciudad de Huamanga muestra una vitalidad que llama la atención, desde comparsas con bailes tradicionales, hasta discotecas con el reguetón de moda y música en inglés. Una feria temporal de Ruraq Maki cercana a la plaza de armas acentuaba con energía esta impresión.
En esas andaba, contrastando el ambiente festivo con el horror vivido hace unas décadas, cuando recordé un artículo que escribí hace ya 5 años en memoria de Carlos Iván Degregori, gran pensador y estudioso de nuestros “hondos y mortales desencuentros”, que ustedes pueden consultar, a propósito de la ausencia de un compromiso nacional para superarlos.
El “Plan Marshall” del título de este artículo, alusivo a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, podría hacernos pensar en una guerra a cargo de las fuerzas armadas en su función sine qua non. Aunque no fue una fuerza extranjera la que nos invadió para provocar las casi dos décadas de conflicto armado interno que destruyeron el país, sí hubo una destrucción literal: se atacó infraestructura física, se minó la confianza y el bienestar de los peruanos y, por supuesto, se tomó la vida de alrededor de 70.000 personas, según cálculos de la CVR. En estos días destaca, por ejemplo, la sepultura de restos de víctimas de La Cantuta… ¡30 años después del hecho sucedido en julio de 1992!
También han transcurrido más de 30 años de la caída de los líderes de Sendero Luminoso y el más reconocido ya falleció. Vale preguntarse, entonces, tras el tiempo transcurrido, ¿qué hemos hecho como nación para superar esos desencuentros entre peruanos?
Solo pensar en la cantidad de peruanos afectados hace que el tema sea por supuesto importante, más aún en un momento en que nos está costando como nación encontrar espacios de diálogo y construcción de memoria. Hoy solo quiero destacar el problema del desarrollo territorial.
Sobre este, es preciso recordar que las peores acciones de violencia se concentraron en regiones alejadas del centro limeño y moderno —el atentado de la calle Tarata en 1992 fue la excepción más notable—. Más allá de la comprobación de los distritos en estado de emergencia en esos años en el diario oficial, se cuenta con la evidencia de que el Censo Económico Nacional de 1993 dejó de censar a un tercio de los distritos del Perú; la mayoría de ellos ubicados en la sierra —centro y sur— y en la selva. El camino a convertirnos en un estado fallido ya ha sido recorrido.
Si bien el proceso de descentralización iniciado en el gobierno de Toledo podría haber sido interpretado como la promesa de dotarle más recursos a las regiones, también es cierto que, al descentralizar, quedó soslayada la falta de priorización explícita de las zonas afectadas por la violencia y la urgencia de su reconstrucción.
Pero, ¿se trata de reconstruir? En realidad, se necesitaba poner de relieve la importancia de dar un salto cualitativo en la presencia del Estado ofreciendo servicios de calidad: caminos, carreteras, postas médicas, conectividad, electricidad, educación. El índice de densidad del Estado elaborado en 2017 por el PNUD, que busca dar cuenta de las acciones desplegadas por el Estado en estos frentes, coloca a Ayacucho con poco más de 0,5, muy rezagado respecto a Lima, cuyo índice supera el 0,8.
Más aún, el proceso de descentralización ha mostrado más problemas que realidades, si solo consideramos el número de presidentes regionales procesados por corrupción. No hemos podido con la reconstrucción de Pisco, tampoco con la Reconstrucción con Cambios, y ni siquiera hemos sido capaces de pensar en un plan de desarrollo de infraestructura en las zonas afectadas por la violencia hace más de 20 años. Ese hubiera sido nuestro “Plan Marshall” para una zona devastada por el conflicto armado interno.
Otro tema pendiente que requiere seriedad en un país que aspira a la modernidad.