Los procesos judiciales contra la corrupción sistémica siguen su curso y ya se convocó el proceso para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero la posición política del gobierno se fragiliza. El Índice de Confianza Política (ICP), que el IEP viene aplicando desde el año pasado, permite ver que las expectativas sobre la situación política futura van a la baja, sobre todo en el interior, donde solo un 19% cree que la situación será mejor en un año (versus el 28% de Lima).
Es cierto que la caída acelerada de la aprobación presidencial se ha detenido (aunque ya la desaprobación es mayor que la aprobación) pero las cifras que se observan, en particular en lo que se denomina el interior urbano, son preocupantes. La desaprobación del presidente es de 50% o más en el norte, centro y sur del país. Es en este ámbito donde se percibe, en mayor proporción, que no hay un plan claro y que el gobierno no toma medidas para reactivar la economía.
Es probable que no todo sea dinero y, como ya hemos visto en otros meses, exista también un tema de insatisfacción con los servicios, pero entre quienes desaprueban al gobierno hay una clara asociación con la percepción de que la economía no crece como antes o que está estancada. Según la Defensoría del Pueblo, a enero había 180 conflictos sociales vigentes (entre activos y latentes), la mayoría en el interior. Un gobierno frágil tendrá dificultades frente a los mismos. El ejecutivo necesita retomar la iniciativa. El congreso se viene reacomodando, pero sigue en un bajo nivel de aprobación. Solo esto último puede explicar el mayoritario apoyo a una supuesta disolución del mismo.