Lee la columna escrita por nuestro investigador principal, Martín Tanaka, para el Diario el Comercio ► https://bit.ly/3sFZHkX
Veinte años después de la presentación del “Informe final” de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), nos encontramos en un clima de mucha mayor confrontación y polarización política, de la extensión y legitimación de discursos extremistas y demagógicos, de la difusión habitual de noticias falsas a través de redes sociales y otros medios, que son parte de corrientes que recorren el mundo entero. El intento de “esclarecer la naturaleza del proceso y los hechos del conflicto armado interno que vivió el país [entre 1980 y el 2000], así como de determinar las responsabilidades derivadas de las múltiples violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en aquellos años” está inevitablemente atravesado por la confrontación política actual.
Los temas del pasado son parte de nuestro presente, aquí y en muchas otras partes, y se mezclan con los temas actuales. En nuestro país, el mes pasado asistimos a la lectura de sentencia por los crímenes del Caso Cayara, ocurridos en mayo de 1988. Al mismo tiempo, al escribir esta columna me enteré de una emboscada perpetrada por una columna terrorista en la que cuatro miembros de nuestro ejército perdieron la vida, y tres fueron heridos de gravedad, en el distrito de Putis, región Ayacucho.
El tema de las violaciones de los derechos humanos ocurridos décadas atrás está muy vigente en varios de nuestros países. En Chile, la semana pasada, la Corte Suprema de dicho país refrendó la condena a siete exmilitares del ejército por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara, ocurrido después del golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973. Y en Argentina el mes pasado se inició el procesamiento del apropiador, de casi 90 años, del nieto 133 identificado por las abuelas de Plaza de Mayo, nacido en 1977.
¿Cómo encarar de manera constructiva estos asuntos en el Perú de hoy? Para empezar, el “Informe final” de la CVR es una referencia fundamental, pero 20 años después resulta relevante recordar lo que el propio informe postula: que su mensaje es perfectible. En tanto su análisis se refiere “a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada […] debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del informe […] habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua”.