Centro de pensamiento e investigacion en ciencias sociales

Antonio Zapata: El debate sobre el MOVADEF

zapataEn el intenso debate que viene generando el caso MOVADEF han aparecido ideas y sensibilidades profundas de la ciudadanía y de los actores políticos. Una somera revisión de sus elementos permite medir el rumbo del país sobre algunos temas fundamentales.

En primer lugar impresiona el número de adherentes del MOVADEF. Seguramente algunas firmas son falsas y otras fueron obtenidas vendiendo gato por liebre, pero muchas deben ser verdaderas. Es imposible saber su número con exactitud, pero su sola presentación evidencia un grupo organizado con presencia en variados espacios del territorio nacional.

Por otro lado, los dirigentes incluyen bastantes jóvenes. No son solamente los conocidos abogados de Abimael Guzmán, sino que además hay varios veinteañeros, que se atreven a mostrar el rostro.
En la valoración de estos hechos aparecen las discrepancias que genera el período de la violencia. Es más, pareciera que, en estos veinte años, las diferencias se han agudizado. Se postula que la ignorancia explica el relativo apoyo al MOVADEF que evidencian sus firmas. Los jóvenes peruanos de hoy no sabrían quién es Abimael Guzmán ni conocerían sus maldades. Efectivamente, como dice la ministra de Educación, la concientización masiva sobre lo negativo de la violencia corresponde a la escuela.

Al respecto, es una lástima que la controversia generada contra el informe de la CVR haya impedido que sus reflexiones se vuelquen en libros de texto. Los enemigos de la CVR intentaron ocultar el tema de la violencia y enterrarlo. Su postura era negar el recuerdo, pero ahora se encuentran necesitados de una versión de los sucesos que sea difundida masivamente. La mala leche contra la CVR ha hecho perder diez años.

Aunque el argumento de la ignorancia confunde masa con elite. Es cierto que la gran mayoría vive despreocupada del acontecer político. Pero, el problema principal es constatar la efectiva reconstitución de un grupo que participa del llamado “pensamiento Gonzalo”, y por lo tanto, concibe la violencia como legítima. Rebatir sus argumentos es tan importante como divulgar una interpretación amable y superficial para el joven poco interesado. Se requiere precisar la postura de la democracia frente a una entidad política que funciona como fachada de un partido que justifica ideológicamente la guerra que emprendió en 1980.

Una dificultad de este debate sobre violencia y política es la pretensión de encararlo como una cuestión de diccionario. Si uno menciona el concepto “guerra interna”, le haría el juego al MOVADEF. Pero, ¿cómo quieren llamar a un proceso que empieza cuando un grupo le declara la guerra al Estado y asesina a sus representantes locales? Además, el proceso continúa por la reacción de ese Estado para capturar y en ocasiones liquidar a los levantados en armas. La respuesta es que debe ser calificado de “terrorismo” y ningún otro concepto es bienvenido.

No se niega la magnitud del fenómeno terrorista de esos años. Por el contrario, hay terrorismo desde el momento que alguien se concede a sí mismo el derecho de matar para imponer su voluntad. Ahí está el punto a discutir con los jóvenes del MOVADEF. La democracia obliga a renunciar explícitamente al uso de la violencia en la competencia política. En democracia, la fuerza es la capacidad de organizar adherentes para difundir ideas a través de elecciones. En ningún caso, la democracia autoriza grupos que buscan destruir el orden por la vía armada. Y resulta que ellos adhieren explícitamente a una doctrina que ha hecho de la violencia su símbolo.

Por ello, su solicitud debe ser rechazada, explicándoles claramente que –antes de insistir–deben renunciar al terrorismo y asimilarse efectivamente a la democracia, sus instituciones y mecanismos. No se resuelve nada prohibiendo su existencia –que por otro lado es real– mejor es comprometerlos con el orden democrático. El problema es político y temas de este tipo no suelen resolverse desautorizando, sino argumentando y generando nuevos consensos.

Fuente: Diario La República